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ıllıllı Junta aplica tres expedientes sancionadores a taxis 'piratas' hasta junio al prestar servicios sin autorización


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La Delegación Territorial de Promuevo y Residencia de la Junta de Andalucía en Huelva ha abierto, desde principios de año hasta el mes de junio, 3 expedientes sancionadores a taxis 'piratas' por prestar servicios ilegales de transporte público de viajantes a través de automóviles sin autorización.

Estas demandas se concentran, primordialmente, en zonas de Condado y la Costa coincidiendo con las campañas agrícolas, conforme han informado a Europa Press desde la Delegación del Gobierno.

Con relación a la capital, se han observado ciertas prácticas de competencia infiel por taxistas con licencias en ayuntamientos de provincia, que aprovechan su estancia en Huelva para cargar viajantes fuera de su término, sustrayéndolos a los de la capital.

Caber rememorar que a lo largo de dos mil catorce, la Junta ha abierto 7 expedientes por motivos como éstos. La tarea inspectora la desarrolla la Junta de Andalucía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tanto que las demandas las efectúan agentes de la Guarda Civil y de la Policía Local, la propia Inspección de Transportes de la Delegación Territorial de Promuevo y particulares.

Conforme la normativa actual, el importe de las multas por transporte de viajantes sin autorización fluctúa entre los mil trescientos ochenta y los dos mil setecientos sesenta euros, teniendo presente aspectos como la reincidencia, la singular gravedad de la infracción, la magnitud del beneficio ilícitamente conseguido, el perjuicio ocasionado o bien la influencia social.

Desde el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, este género de sanciones va acompañado, además de esto, de la inmovilización del vehículo infractor hasta el abono de dicha cuantía. Esta medida se recoge en el Decreto Ley 17/2014 para la adopción de medidas de control del transporte público discrecional de viajantes en automóviles turismo aprobado por Consejo de Gobierno y que supone una modificación del marco normativo existente —la Ley de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros— para fortalecer el control del intrusismo en el taxi.

La iniciativa, que responde a una reivindicación planteada por el propio ámbito, deja articular medidas más diligentes y eficientes como es el caso de la inmovilización en el acto del vehículo infractor para permitir a las fuerzas de seguridad alargar la retención hasta el abono de la pertinente sanción o bien la prestación de una garantía de pago (caución) por una entidad autorizada.

Hasta el momento la retención se sostenía solamente hasta el instante en el que los viajantes abandonaban el vehículo, lo que en la práctica transformaba la medida en ineficaz, en tanto que los taxis pirata podían proseguir la marcha tras ser multados y cargar nuevos pasajeros. Este cambio normativo mejora de este modo la cobertura legal de la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad contra este fenómeno y tiene singular influencia en el caso de las policías locales, en tanto que el noventa por ciento de los servicios ilegales de transporte se prestan sin salir de los términos municipales.

Doble perjuicio

El intrusismo en el ámbito del taxi tiene un doble perjuicio, puesto que, por una parte, afecta a la seguridad vial y pone al consumidor en una situación de desprotección y también indefensión; y por otro, supone un grave menoscabo económico para los profesionales que prestan este servicio de transporte de forma regulada y conforme a la normativa.

En ese sentido, los automóviles ilegales de transporte de viajantes no se ven sujetos a ningún control y sus conductores pueden no contar siquiera con el carné de conducir, al paso que un taxi oficial tiene que someterse a una revisión anual considerablemente más exigente que la ITV rutinaria, con un conductor que tiene que superar pruebas de formación y renovar su licencia asimismo con una periodicidad anual. Además de esto, en el caso de siniestro en un taxi pirata, los usuarios no pueden beneficiarse de la cobertura del seguro obligatorio del vehículo.

 

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