El Juzgado de Instrucción número tres de Huelva ha acordado la apertura de juicio oral contra una quincena de extrabajadores del Municipio de Bollullos Par del Condado, que fueron despedidos en el mes de enero de dos mil nueve, por un delito contra la administración de justicia.

Conforme reza el coche, al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado acuerda la apertura del juicio oral y ratifica la libertad temporal para los 15 encausados.

Hay que rememorar que el Ministerio Fiscal pidió un año y un par de meses de prisión y una multa de prácticamente mil quinientos euros para esta quincena de extrabajadores del Consistorio bollullero a los que acusa de un delito contra la administración de justicia al estimar demostrado que en el mes de noviembre de dos mil once persiguieron por la calle al letrado del Consistorio, representado por J. C. H. Pesado, con ánimo de atemorizarle, utilizando bocinas y silbatos mientras que lo insultaban.

Conforme reza el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el veintiocho de noviembre de dos mil once cuando presuntamente, tras acudir a múltiples vistas de juicio oral en los juzgados de lo Social en su condición de trabajadores municipales, persiguieron en conjunto al letrado. Al mismo, señala que llegaron a conminarle diciéndole que "tuviese cuidado por la calle a ver si le iba a pasar algo y que lo que debía hacer era parar de trabajar para el Municipio".

Estos trabajadores, que fueron despedidos tras una petición de censura contra el Partido Socialista Obrero Español que prosperó en el ayuntamiento en el mes de junio de dos mil ocho, persistieron aquel día en "actitud coactiva" en represalia por la intervención procesal de este letrado en el caso hasta el momento en que éste se refugió en un establecimiento hostelero, situado en la calle Berdigón del centro de la capital.

En este sitio, conforme apunta el fiscal, asimismo entraron los acusados, llamando el perjudicado a la Policía Nacional tras mediar un camarero del local a fin de que abandonasen el sitio.

La Fiscalía considera estos hechos constitutivos de un delito contra la administración de justicia, con lo que procede a imponer a cada acusado un año y un par de meses de cárcel y el pago de una multa de prácticamente mil quinientos euros. Para el juicio ha pedido la declaración del perjudicado y de testigos de los hechos.

Por su lado, el letrado J. C. H. Insistente, como acusación particular, ha presentado en su escrito la solicitud de imponer a cada acusado por el delito la pena de cárcel de un año y un par de meses de cárcel, inhabilitación singular para el derecho de sufragio pasivo a lo largo del tiempo de la condena, multa de 8 meses a razón de 6 euros de cuota diaria con un día de responsabilidad personal subsidiaria por cada 2 cuotas impagadas y costas.