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★★★COAH resalta el cumplimiento de las inspecciones técnicas ante un parque de viviendas "envejecido"


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La decana del Instituto Oficial de Arquitectos de Huelva (COAH), N. Sanchís, ha incidido en la relevancia del cumplimiento de los Informes de Evaluación de Edificios (IEE), —término que reemplaza al viejo ITE (Inspección Técnica de Edificios)—, aspecto que prosigue siendo una materia pendiente.


En una entrevista concedida a Europa Press, Sanchís ha remarcado que "no se comprende que la seguridad de las personas se aplique a rajatabla con los automóviles y no con las residencias".

"Tenemos un parque inmobiliario avejentado que requiere progresar de forma urgente", ha dicho la decana, que estima que la administración "debe poner medios para permitir esto, más todavía si cabe, en situaciones de complejidad económica, puesto que ello no exonera a administración y dueños de cumplir con su obligación".

En este sentido, ha señalado que se ha legislado últimamente en materia de Inspección Técnica de Edificios y de Informe de Evaluación de Edificios (IEE). Sin embargo, "se realiza de forma incompleta" al interpretarse de forma "equivocada" por los particulares, comunidades de dueños y por las propias administraciones que "no prueban ser capaces de flexibilizar otros condicionantes de partida a fin de que estas inversiones puedan ser verdaderamente acometidas con deducciones y/o exenciones en otro género de tasas y también impuestos", ha apostillado.

A su parecer, "el desenlace de todo es que por último quien debe demandar y primar este cumplimiento o bien fortalecerlo, no acaba de contar con medios para esto", lo que hace que se entre en "enfrentamiento directo con los argumentos y tesis expuestos de reactivación del campo de la construcción, en el que miles y miles de personas dependientes, se ven perjudicadas por su parálisis".

La IEE (Informe de Evaluación del Edificio), regulado por Ley 8/2013, aparte de valorar el estado de conservación del edificio (vieja ITE), aporta información sobre el grado de cumplimiento de la normativa actual de accesibilidad y también incluirá la certificación energética (CEE), siendo un documento de diagnóstico y programación esencial, tanto para proponer propuestas de intervención a las comunidades de vecinos y contrastar la mejora tras la acción rehabilitadora, como de cara a la monitorización por la parte de la Administración del parque edificado andaluz.

Trámites burocráticos

Por todo ello, ha señalado "la inexistencia" de un marco jurídico y administrativo "claro, congruente y firme", que asista a su aplicación, ha agregado Sanchís.

"La larga tramitación burocrática de estos instrumentos y los plazos convenientes para ponerlos en práctica entran en enfrentamiento con la duración de las legislaturas y la carencia de capacidad de los entes locales para ejercer la disciplina urbanística y los inconvenientes que se producen con los vecinos", ha añadido la decana.

Por último, ha señalado que "la sociedad cambia considerablemente más veloz más de lo que las instituciones públicas son capaces de amoldarse, perdiendo vigencia la aplicación de ciertas ideas y con irregularidades de los ciudadanos para salvar la obsolescencia del sistema".

"Hay una escasa explotación de las políticas de mantenimiento de edificios, que no aprovechan su potencial para acometer soluciones más integrales y de mayor impacto", ha protegido la decana del COAH.

Ante esto, ha asegurado que, "alén de la buena voluntad política, esta realidad hace que nos cuestionemos la eficiencia de todas y cada una estas soluciones, y la emergencia de buscar opciones alternativas que impidan que se trunquen nuevas ideas que impulsen el campo, tal como eludir que nuestro parque residencial se prosiga estropeando y se mengüen la seguridad, salud y calidad de vida de nuestros distritos".

En todo caso, "todavía suponiendo que exista voluntad política para demandar el cumplimiento de la Ley en materia de Inspección y Evaluación de Edificios, para asegurar la ejecución de las obras encomendadas por el IEE, se precisa ofrecer un sistema de financiación sostenible al proceso, que no esté basado en el endeudamiento de familias y administraciones, por sobre las posibilidades de exactamente las mismas, que hoy en día, son prácticamente inexistentes".

 

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