La Audiencia Provincial de Huelva ha desechado el recurso de apelación presentado por el entonces regidor de Almonte (Huelva) J. A. D. Iglesias (Partido Popular) contra el coche del Juzgado de Instrucción número uno de La Palma del Condado (Huelva), de forma que mantiene que existen "rastros suficientes de delincuencia" en las conductas encausadas en este proceso, el que se abrió tras la demanda presentada por un supuesto delito de prevaricación al cancelar el entonces regidor un proceso de concurso oposición, una vez efectuada la selección para 3 plazas de socorrer.

La Audiencia Provincial de Huelva ha desechado el recurso de apelación presentado por el entonces regidor de Almonte (Huelva) J. A. D. Iglesias (Partido Popular) contra el coche del Juzgado de Instrucción número uno de La Palma del Condado (Huelva), de forma que mantiene que existen "rastros suficientes de delincuencia" en las conductas encausadas en este proceso, el que se abrió tras la demanda presentada por un supuesto delito de prevaricación al cancelar el entonces regidor un proceso de concurso oposición, una vez efectuada la selección para 3 plazas de ayudar.

Conforme reza la resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, se desecha el recurso del exregidor, que se dirige a "luchar la inicial calificación de los hechos como infracción penal", tal como mantenía que "no deben iniciarse siquiera las diligencias penales para el esclarecimiento de los hechos", aspecto que, no obstante, no comparte la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal pide "el mantenimiento del coche de la incoación de diligencias anteriores de procedimiento abreviado por delito de prevaricación recaído" con el objetivo de "acordarse la práctica de las diligencias precisas para la mejor determinación de la relevancia penal de los hechos denunciados".

Así, el juzgado desecha el recurso pues recuerda que D. como regidor de Almonte publicó un decreto al día después de publicarse el desenlace del concurso oposición citado para 3 plazas de socorrieres, a través de el que anula el proceso de selección "cuando ya las bases que arguye no ser convenientes han dado sitio a la celebración de las pruebas y se ha procedido a proclamar a los 3 aspirantes que han conseguido mejor puntuación".

Además de esto, agrega que "dichas bases de convocatoria podrían haberse cancelado ya antes de proceder a la realización de las pruebas y frustrar las lícitas esperanzas de quienes las superaron".

Siendo de esta manera las cosas, el juzgado comprende que "ha quedado suficientemente determinada la relevancia penal como delito de prevaricación en los hechos denunciados".